La brecha de la desigualdad se ha vuelto si cabe más aguda con las crisis (social, económica, ambiental). La emergencia social producida por las hipotecas-estafa, el aumento del paro y los recortes sociales se han visto acompañados por una supresión de derechos fundamentales y una represión que la historia no podrá pasar de largo. Esta situación no es producto de ninguna fatalidad, sino la consecuencia de los planteamientos económicos y políticos que perpetúan la explotación de la mayoría y la acumulación de grandes beneficios en muy pocas manos.
Uno de los recursos que más utilizan para amedrentarnos para después quitarnos nuestros derechos es la elevada tasa de paro, que con frecuencia usan para justificar la necesidad de reformas laborales. Sin embargo, nos preguntamos por qué hay tanto paro cuando hay tanto trabajo por hacer, para cuidar de nuestra salud, de nuestras mayores, de nuestras niñas, para que todas podamos disfrutar de una vivienda digna, para erradicar todas las miserias de este mundo, para solucionar los problemas ambientales y para tanto como nuestra imaginación y nuestra voluntad nos permitan alcanzar.
Nos dicen que el empleo deben crearlo otros, que debemos limitarnos a ponérselo fácil y tener esperanza en que su clemencia nos dará lo que necesitamos a cambio de que seamos dóciles y obedientes. Por el contrario, pensamos que nosotras somos las responsables de organizar y decidir sobre nuestra fuerza de trabajo y que no se trata tanto de “crear empleo” como si hubiera que inventar algo para que podamos sentirnos útiles, sino que ya hacemos mucho trabajo de cuidados todos los días, un trabajo que realizan mayoritariamente las mujeres y que sin él la vida no se sostiene. Así que nuestra intención es también visibilizar este trabajo con todos los derechos que le corresponden.
En Villanueva del Trabuco la tasa de paro oficial es del 18 %, siendo esta situación peor para las mujeres, que representan el 55 % del paro total (datos de 2016). Su renta media bruta es de 13766 euros anuales, unas de las más bajas de la provincia de Málaga (datos de 2013)*. Además, su distribución es desigual puesto que el 20 % de la población concentra el 47 % de la renta (datos de 2007). La mayor parte de nuestra población activa se dedica a las temporadas del campo, que aún complementadas con el PFEA (antiguo PER), distan mucho de lo que puede ser un modelo de trabajo digno para las jornaleras.
Ante la desigualdad y la pobreza, el Ayuntamiento ha respondido con la convocatoria de una bolsa de trabajo para distribuir los contratos para la prestación de determinados servicios. La convocatoria favorece el acceso a las personas que justifican rentas más bajas entre otros criterios y además se aplica una rotación de turnos, de manera que se realizan contratos temporales (a veces de un mes de duración) a distintas personas para cubrir un mismo servicio. De esta forma, se equipara a personas que la propia convocatoria ha valorado con diferente grado de prioridad. Por ello y también debido a la corta duración de los contratos, esta medida es insuficiente para combatir el paro y no asegura los medios esenciales en los hogares con mayores dificultades.
Además, cubrir trabajos que se realizan de manera permanente con contratos temporales es considerada una práctica abusiva ya que supone una merma de los derechos de la clase trabajadora ya que la temporalidad se traduce en inestabilidad y en una posición mucho más frágil en el puesto de trabajo. Así, la práctica de este tipo de bolsa de trabajo de tan elevada temporalidad puede incluso dar lugar a situaciones que entren en conflicto con la legislación vigente.
Valoramos el trabajo público como un recurso fundamental para atender las necesidades del pueblo y además nos permite tener en cuenta criterios sociales en la contratación, siendo una oportunidad muy valiosa para que personas excluidas socialmente puedan incorporarse al mundo laboral, pero las trabajadoras del Trabuco aspiramos a mucha más dignidad que competir en una convocatoria por unas condiciones de trabajo precarias. Queremos plantear un modelo alternativo de organización del trabajo municipal, que garantice la renta necesaria para vivir dignamente, que haga efectiva la equidad de género en el acceso al trabajo asalariado y ponga en valor los cuidados, que nos permita elegir mediante asamblea popular dónde ponemos nuestro trabajo y que sea transparente y rinda cuentas al pueblo.
Nuevamente señalamos la necesidad de cambiar hacia un nuevo modelo económico y de vida que acabe con la pobreza y la desigualdad, donde nuestro trabajo nos haga más autosuficientes en cuanto a nuestra capacidad de atender nuestras propias necesidades; el cuidado y sostenimiento de la vida y el medio ambiente estén en el centro y nuestra comunidad empoderada en la participación y la gestión de lo público, valorando y expresando su cultura propia.
Plan de garantía de trabajo
En vista de estos principios, planteamos una enmienda a la totalidad para la actual bolsa de trabajo. La propuesta consiste en un programa de trabajo público que da prioridad a las personas de los hogares con mayores dificultades o en riesgo de exclusión, garantizando su acceso a los medios esenciales de vida y aumentando su propia capacidad para obtenerlos. A este programa lo llamaremos “Plan de garantía de trabajo”, por ser una medida que camina hacia el acceso al trabajo remunerado para todas las personas, asegurando la renta para una vida digna, de acuerdo con los planteamientos del economista Eduardo Garzón Espinosa.
Para llevar a cabo un plan de garantía de trabajo, el primer paso es realizar una evaluación previa de la situación de los hogares (incluyendo los monoparentales), estableciendo el nivel de renta necesario para atender todas sus necesidades. La evaluación debe hacerse con las personas afectadas y a través de la mediación de las trabajadoras sociales para llegar a un diagnóstico integral de la situación de los mismos y de cómo pueden fortalecerse y aprovechar nuevas oportunidades. Para ello, la evaluación tendrá una componente cuantitativa (nivel de renta, patrimonio, número de personas dependientes a cargo, planificación de ingresos y gastos, etc.) y otra cualitativa (situación del hogar, dificultad de acceso al trabajo, historia personal y laboral, etc). Esta información será de utilidad a la hora de determinar el grado de prioridad y el tiempo de contratación necesario en cada caso, de acuerdo con una estrategia coordinada y ajustada a las necesidades de cada hogar para garantizar que pueda salir adelante y además mejore sus condiciones de vida y sus expectativas en el mundo laboral. El ayuntamiento, deberá ponderar los contratos en función del presupuesto anual asignado, el cual debe ser suficiente para atender, al menos, a todos los hogares del pueblo amenazados por la falta de los recursos esenciales. De esta manera, el plan de garantía de trabajo permite que el acceso al trabajo se ajuste mejor a las necesidades de los hogares, siendo más eficaz en la corrección de la desigualdad social teniendo en cuenta un criterio de proporcionalidad en las contrataciones.
Por otro lado, no se puede combatir la desigualdad social de manera integral sin tener en cuenta criterios de equidad de género. En Andalucía, las mujeres lo tienen más difícil para acceder al trabajo asalariado y aún más difícil para acceder a los puestos de responsabilidad, sus salarios son más bajos, invierten mucho más tiempo a los cuidados y en general afrontan la injusticia, la discriminación y las continuas agresiones del machismo. Nuestro pueblo no es ajeno a esta realidad, con la peculiaridad de que en el trabajo más extendido, que son las temporadas del campo, las mujeres lo tienen ahora más difícil y son excluidas. Esta situación de desigualdad ha de ser tenida en cuenta a la hora de asignar los contratos del plan de garantía de trabajo, dando prioridad a las mujeres y no permitiendo en ningún caso que se contrate menos de un 50 % de mujeres con este plan. Este criterio de equidad debe aplicarse también en los tiempos de contratación y en los salarios. Además, es importante realizar una distribución paritaria de los contratos en cada una de las convocatorias, a fin de evitar la feminización de algunas profesiones (limpieza, cuidados) y la exclusión de las mujeres de otras (técnica, constructora, conductora).
Adicionalmente, el plan de garantía de trabajo también debe buscar la justicia social en el acceso al trabajo de las personas excluidas por su diversidad funcional, personas migrantes y las minorías étnicas. En este sentido, no se puede admitir ningún artículo discriminatorio, como los presentes en la norma de la bolsa de trabajo relativos a personas migrantes, que no siempre cuentan con un permiso de residencia en el momento de la solicitud o no reconociendo sus estudios si no pasan por el largo y caro proceso de homologación. Para combatir la discriminación, el deber del ayuntamiento es tomar la iniciativa para que toda la información y las oportunidades lleguen a todos los colectivos que sufren discriminación y hacer visible el hecho de que son excelentes trabajadoras.
Visto lo relativo a la contratación social de las personas que más lo necesitan, la siguiente cuestión que comparte el mismo orden de importancia es la relativa a los trabajos a realizar y la importancia de esta cuestión radica en que sólo es trabajo digno aquel que sirve al pueblo y aquel del que el pueblo es dueño. Basándonos en este principio fundamental, distinguimos dos líneas fundamentales de trabajo:
- Cuidados: limpieza y mantenimiento de las instalaciones públicas, apoyo a las personas dependientes (reforzando al personal de la Junta de Andalucía) y la preservación del medioambiente. Esta categoría corresponde a trabajos que necesitamos siempre y de manera continuada, en los que es importante la presencia de trabajadoras que den continuidad al servicio y donde hemos de tender hacia la contratación estable.
- También debe ser objeto de la bolsa de trabajo otras actividades y servicios, así como proyectos de transformación (talleres, actividades culturales, jornadas, construcción y rehabilitación de infraestructuras, realización de estudios e informes, formación, dinamización y apoyo de actividades económicas sostenibles y respetuosas, etc). En este último caso, se debe llevar a cabo un proceso de participación popular de carácter horizontal, asambleario y autorreglamentado para decidir parte de los trabajos a realizar por la gente contratada por el programa de garantía de trabajo. Este proceso de participación debe entroncarse con la elaboración de unos presupuestos participativos.
Finalmente, indicamos las medidas que nos parecen fundamentales para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de este programa de garantía de trabajo. En primer lugar, debe haber una comisión de trabajo que se reúna cada dos meses y que cuente con la presencia de las concejalas de todos los grupos, los sindicatos, el personal técnico encargado de ejecutar el programa y las propias trabajadoras con el fin de supervisar el buen funcionamiento del programa. Además, se habrá de publicar un informe anual dando cuenta de los trabajos realizados gracias al programa, las fechas de ejecución, el presupuesto invertido en las contrataciones y otros gastos (materiales), el número de personas contratadas y el tiempo de contratación para cada actividad con todos los datos segregados por sexos. Además, se reunirá a todas las personas contratadas para valorar la experiencia y se recogerán sus propuestas para mejorar el programa.
* Estadística de las declarantes
del IRPF por municipio. El dato se refiere la totalidad de rentas percibidas en
el año de devengo por todos los miembros que integran una unidad familiar. Por
tanto, no puede interpretarse la renta media por declaración ni como renta
individual ni como renta por hogar o familia en sentido estricto, ya que
dependerá de la modalidad de declaración (individual o conjunta) escogida.
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